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Refugiados climáticos

Refugiados climáticos

Cada segundo migra una persona por desastres naturales. La estimación, extraída a partir de los desplazamientos internos de los últimos años, cuantifica en 26 millones las personas que anualmente se ven obligadas a dejar su lugar de residencia por estos motivos. Solo recientemente y gracias a la Iniciativa Nansen, estas migraciones han recibido la atención merecida y aparecen en las agendas políticas.

El airpocalypse, como se denominó al episodio más grave de contaminación atmosférica sufrido por China en 2016, afectó a casi quinientos millones de habitantes del noreste del país y motivó el desplazamiento a finales de año de decenas de miles hacia zonas ‘menos sucias’. Hubo personas que incluso migraron temporalmente a Australia, Indonesia, Japón y las Maldivas. Para otras, la migración fue más corta y se concentraron en la estación de esquí de Chong Li de Pekín, donde afirmaban sentirse «como en un campo de refugiados». Como quedó claro en el simposio Migraciones Climáticas organizado por Ecodes (Ecología y Desarrollo), dentro de su campaña El cambio climático nos hace pobres, celebrada el 22 de noviembre de 2016 en Madrid, las alteraciones del clima y del medio ambiente en general pueden ser muchas y variadas y, por lo tanto, las respuestas de las comunidades afectadas, también. «Las personas que mueren o se ven obligadas a emigrar con lo puesto no son más tontas o menos previsoras que las que, presintiendo el problema, huyen con antelación y se compran tierras en otro lugar, sino más pobres y sin medios para reaccionar adecuadamente». Kees van der Geest, investigador del Instituto de Medio Ambiente y Seguridad Humana de la Universidad de las Naciones Unidas, se expresaba así en el simposio celebrado en la Universidad Carlos III. Hablaba de casos estudiados por su equipo sobre las causas y consecuencias de las «cada vez más frecuentes lluvias torrenciales que sufre el Himalaya y que provocan grandes deslizamientos de tierras».

184 millones de personas desplazadas en siete años

La previsión y prevención, unida a la migración vista en sentido positivo, como forma de adaptación y mitigación del cambio climático, son mostradas por los expertos como formas de frenar una lacra que, solo en desplazamientos internos (la mayoría de los que provocan los desastres naturales), movilizó a 184 millones de personas entre 2008 y 2014 en el mundo. Las cifras se desprenden del Observatorio sobre el Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para los Refugiados y cubren los movimientos no transfronterizos de personas provocados por eventos naturales extremos, aunque no incluyen la sequía. Sara Vigil, investigadora sobre migraciones en varios institutos y observatorios europeos, subraya que dichas cifras llevan a calcular que los desplazamientos anuales ascienden a 26,4 millones de personas, lo que supone una persona por segundo. En cuanto a la extrapolación de futuro y los 200-250 millones de desplazados que se estiman para 2050, Vigil advierte de que «no se trata de cifras basadas en una metodología consistente, sino en aproximaciones a partir de puntos del planeta más sensibles a los efectos del cambio climático y de las personas expuestas a ellos en esos lugares». «La vulnerabilidad no cae del cielo», se concluía en la cita organizada por Ecodes, haciendo alusión a la importante responsabilidad que tienen los gobiernos locales, los Estados y la comunidad internacional en general a la hora de dotar de resiliencia y de mitigar los efectos de muchos desastres naturales. Para Jonathan Gómez, geógrafo, climatólogo y experto en planificación y gestión de desastres naturales, «fue vergonzoso que siete días antes de que el tifón Haiyán o Yolanda chocara violentamente contra las costas de Filipinas en 2013 se intuyera este impacto y no se activara ni la ayuda internacional ni los sistemas de alerta temprana para evitar una catástrofe humanitaria que mató a más de seis mil personas». Gómez se lamenta de esa irresponsabilidad, que también traslada al devastador tsunami de Indonesia de 2004, donde «si muchos manglares no hubieran sido destruidos para montar granjas de langostinos podrían haber frenado aún más la fuerza de las olas».

El aumento de temperaturas aumenta la desigualdad.

Valeria Bello, investigadora de la Universidad de las Naciones Unidas, considera que a la lucha contra el cambio climático y sus efectos le falta gobernanza: «a veces, se confunde gestionar con gobernar, pero gestionar es reaccionar después y gobernar es prever los efectos y reaccionar a tiempo. No hay planificación y, cuando la hay, no se tiene en cuenta a las comunidades que tienen que desplazarse». El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo insiste en sus informes en que el cambio climático aumenta las desigualdades. En uno de los más recientes, Climate change and labor: Impacts of heat in the workplace, advierte que el aumento de temperaturas y el calor provocan que baje la productividad y se produzcan pérdidas económicas en numerosos países. «Sus consecuencias –se precisa– implican efectos para la mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluyendo la pobreza, el hambre, la salud, la educación, el género, las desigualdades de ingresos, el crecimiento y las ciudades y comunidades sostenibles». María Jesús Herrera, jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, recuerda que «las personas más afectadas son las más marginales y sin recursos, las que dependen básicamente de la agricultura y la ganadería y las que viven en islas y cerca de la costa». Los expertos también coinciden en que, en muchas ocasiones, resulta muy difícil aislar la causa del cambio climático de otras congénitas de las zonas afectadas: pobreza, guerra, persecuciones políticas y la propia sequía. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), «la sequía de 2006-2009 en Siria, la peor que ha sufrido el país en los tiempos modernos, exacerbada por el cambio climático, ha llevado a migrar a 1,5 millones de personas de las zonas rurales a las urbanas. Este movimiento se sumó a las tensiones sociales existentes y puede haber contribuido al estallido de la violencia y la guerra civil en 2011». Desde el PNUMA, recuerdan también que, en mayo de 2016, el primer ministro de Tuvalu pidió una resolución de la ONU para crear protección legal para las personas desplazadas por los impactos del cambio climático, incluidas las comunidades que podrían tener que moverse debido al aumento del nivel del mar, la escasez de agua y otras amenazas. Por otro lado, el Estado insular de Kiribati ha planteado la posibilidad de tener que trasladar a toda su población a Fiyi si el nivel del mar sigue aumentando, e incluso ha comprado terrenos en este archipiélago para tal fin.

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El lado positivo de las migraciones climáticas

Sara Vigil insiste en que «la migración puede ser buena para la mitigación si se plantea como una estrategia de adaptación, observando todos los componentes: comunidad de origen, necesidades de las personas afectadas y comunidades de destino. Si se hace mal, hablaremos de maladaptación, donde, en lugar de establecer mecanismos de compensación entre quién pierde y quién gana, pierden siempre los mismos». La misma investigadora, que trabaja en diversos proyectos en Senegal y Camboya, advierte también sobre la función de los mecanismos de lucha contra el cambio climático. «El acaparamiento de tierras también desplaza a muchas personas. Las élites locales y empresas multinacionales acaparan recursos naturales porque, si invierten en azúcar y aceite de palma, obtienen ventajas y beneficios financieros, pasando así de una agricultura de familia a otra de monocultivo extensiva y expansiva, motor también del cambio climático, y con algunas concesiones que violan los derechos humanos». Desde la Conferencia de las Partes de Varsovia (COP19) del Convenio de Cambio Climático, donde se creó el conocido como Mecanismo Internacional de Varsovia para las pérdidas y los daños relacionados con las repercusiones del cambio climático, hay un punto de inflexión que se corroboró con el Acuerdo de París en la COP22, según opinan las fuentes consultadas. En el simposio Migraciones Climáticas, Laura Martín, directora de la Fundación Renovables, recordaba que, gracias a este acuerdo, ahora hay un grupo de trabajo específico sobre el tema, aunque sostiene que «el sistema de principios de la convención que obliga a todos los Estados a reducir emisiones también obliga a generar políticas de adaptación y eso significa poner a tu población a salvo, hacerla resiliente, generar sociedades más protegidas y proveer de fondos a los que menos tienen, a pesar de que estos flujos financieros no funcionan adecuadamente».

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Un referente: la iniciativa nansen

Aunque la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 no permite adquirir este estatus a las personas que se desplazan por motivos climáticos o, más en genérico, ambientales, tanto el Convenio de Cambio Climático como la 71ª Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en septiembre de 2016 dan pasos importantes para afrontar el problema. La Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes surgida de esta última asamblea tiene en cuenta a las personas que se desplazan por los efectos adversos del cambio climático o de desastres naturales, algunos de los cuales están vinculados al primero. Pero la propuesta internacional más reconocida en este sentido es la Iniciativa Nansen. Su nombre es un homenaje al explorador noruego Fridtjof Nansen, que en su faceta de diplomático luchó abiertamente en defensa de los refugiados, llegando a obtener el Premio Nobel de la Paz en 1922. Precisamente, los Gobiernos de Noruega y Suiza, impulsaron en 2012 esta iniciativa, que ya ha recabado el compromiso de 109 Estados de todo el mundo y ha propiciado el establecimiento de la Agenda para la Protección de las Personas Desplazadas a través de Fronteras en el Contexto de Desastres y Cambio Climático. Esta agenda también señala de partida que «el análisis de las leyes, instituciones competentes y respuestas operativas relacionadas con la protección y asistencia para personas desplazadas a través de fronteras en el contexto de desastres revela que en general existe una falta de preparación». Tampoco hay que olvidar la Convención para la Protección y la Asistencia de las Personas Internamente Desplazadas en África, más conocida como Convención de Kampala. Entró en vigor en diciembre de 2012 y hasta la fecha la han firmado 40 Estados y ratificado 25 de los 54 de la Unión Africana. Se trata del primer tratado internacional que se aplica no solo a los desplazamientos provocados por las causas que establece la Convención de Ginebra, sino que incluye expresamente los desastres naturales y los derivados de la actividad humana, como el cambio climático. Varios de los participantes en el simposio de Ecodes advirtieron, no obstante, sobre el retroceso que puede suponer para todos estos avances, los discursos, las políticas y los resultados electorales que llevan al poder a Gobiernos que criminalizan a las personas migrantes. La directora de la Fundación Renovables considera indispensable «visibilizar al refugiado y migrante climático para generar empatía, ya que su situación tiene una relación directa con nuestro confort, con cómo nos calentamos y utilizamos el aire acondicionado o el coche. Tenemos que responsabilizarnos de algo que hemos generado nosotros».