Economía circular

España perfila la nueva Ley de Cambio Climático

España perfila la nueva Ley de Cambio Climático

Mejorar el clima es un asunto legal, pero, sobre todo, un asunto de todos. Ese es el espíritu que debe regar la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se ha impulsado en España y que aspira a ser un instrumento clave para garantizar la consecución de los compromisos de España ante la UE en el marco del Acuerdo de París.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) se está haciendo esperar, pero será uno de los documentos públicos más deseados por los agentes que trabajamos la sostenibilidad. Cuenta con un punto fuerte desde el origen de su planteamiento: que el proceso previo para su elaboración estuviese abierto a la participación. Con ese espíritu de transversalidad debe desarrollarse la Ley, involucrando a todos los actores económicos, institucionales y sociales.

El nuevo marco regulatorio también debería asegurar la estabilidad y la competitividad de las empresas y establecer mecanismos que garanticen la transparencia, evaluación y grado de cumplimiento de los objetivos. Y no olvidarse de la implicación de la ciudadanía y las instituciones.

Los principios rectores de un modelo energético para lograr una economía baja en carbono deben poner precio a las emisiones, abordar su objetivo desde una perspectiva integral, mantener la neutralidad tecnológica e incluir medidas de flexibilidad que faciliten cumplir con los objetivos marcados desde Europa.

«Las medidas regulatorias necesitarán ir acompañadas de cambios culturales y de valores»

La nueva Ley debe gestionar los riesgos y reducir la vulnerabilidad frente a los cambios actuales y futuros del clima en España. Para ello, debe definir con claridad los objetivos de los planes de adaptación, así como orientar la acción pública para incrementar el conocimiento de lugares y sectores con una mayor exposición.

Las medidas regulatorias de fomento e incentivo necesitarán ir acompañadas de cambios culturales y de valores, que deberán concretarse en el fomento de una educación en materia medioambiental sólida y en la promoción de las innovaciones tecnológicas eficientes y sostenibles.

Por su parte, la Administración debe desarrollar un papel ejemplarizante, a través de la fijación de objetivos explícitos de reducción de emisiones para las instituciones tanto nacionales como regionales.

El cambio climático no puede ser enfrentado sin la complicidad del sector privado. Por ello, desde la Red Española del Pacto Mundial, llevamos unos años estudiando el comportamiento de nuestro sector empresarial y proponiendo acciones relacionadas con un comportamiento responsable ante el clima, bajo el prisma de la Agenda de Desarrollo 2030 de Naciones Unidas, que da cabida a los Acuerdos de París y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en concreto, el ODS 13, de acción contra el cambio climático.

Según nuestros últimos datos, elaborados con motivo del segundo aniversario de la aprobación de los ODS, el ODS 13 es el tercero más trabajado de los 17 existentes por las empresas del Ibex 35. Muchas compañías del índice bursátil han lanzado ya compromisos públicos apoyando el Acuerdo de París y fijándose metas medibles para alcanzar la neutralidad en carbono, algunas con fecha 2017, otras 2020 y otras con fecha 2050.

«El ODS 13, de acción contra el cambio climático, es el tercero más trabajado por las empresas del Ibex 35»

En el caso del resto de organizaciones de nuestro tejido productivo, el cambio climático ocupa el quinto puesto en el ranking de los más trabajados, en sintonía con la tendencia internacional de las empresas que forman parte de Pacto Mundial.

Asimismo, son fundamentales la formación, las herramientas adaptadas a todo tipo de empresas y organizaciones, así como la sensibilización. Pero instamos a trabajar en alianzas multistakeholder, para hacer frente a un desafío urgente de nuestro planeta, esfuerzo sin el cual no podremos alcanzar el éxito. En este sentido, en nuestro país destaca la iniciativa #PorElClima, donde ciudadanos, instituciones públicas, entidades del tercer sector y empresas participan con sus acciones y disponen de recursos y herramientas para trazar planes de acción.