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El nuevo activismo accionarial

El nuevo activismo accionarial

Pese a que en España su presencia es aún limitada, crece el activismo accionarial como forma de influir con propuestas verdes y sostenibles en la gestión de la empresa.

Es una guerra no declarada. Es una batalla incruenta. Cada vez más inversores pelean por sus intereses desde dentro de las empresas. El cumplimiento de los ODS y del Acuerdo de París empieza a ser parte indisoluble de sus estrategias por algo muy sencillo: es, a día de hoy, la apuesta más inteligente. Problemas como el del cambio climático generan inestabilidad en el mercado, y es sabido que la estabilidad financiera es la bujía que dirige las decisiones del inversor.

En Europa, los fondos de alto riesgo (hedge funds) que piden participar en la gestión de las compañías donde invierten ya manejan cifras muy altas. Números que revelan un compromiso con la mirada social, medioambiental y de buen gobierno corporativo. En el Viejo Continente, esos hedge funds administran un patrimonio superior a los 62.000 millones de dólares. Las compañías no solo quieren ser, sino también estar. El banco de inversión JP Morgan ha estudiado este particular catálogo de seres y estares. Y los resultados dejan su marca de papel y lápiz. El 28% de las campañas lanzadas por fondos activistas van dirigidas a tener o aumentar su presencia en el consejo de administración.

activismo empresarial

Este activismo se extiende. A veces con más ruido, otras con mayor silencio. Pero ya recorre el mapa de Europa. Reino Unido es el territorio donde más se siente ese sonido y esa furia tranquila de los inversores activistas. Entre 2010 y 2014, protagonizaron 103 campañas. Representa el 43% de todas las que se dieron en Europa. Una vocación de hacerse escuchar que también cala en Francia, Suiza o Alemania. Pero ¿por qué se levanta ahora más la mano? «Si tuviera que elegir una razón que lo explique», relata Ana Sáenz de Miera, directora de Ashoka, «iría a la más elemental, la más pragmática y quizá menos romántica. Todos los estudios demuestran que las nuevas generaciones, los clientes del futuro, no van a querer consumir productos o servicios de empresas que no sean responsables, que no sean sostenibles. Ahí va a estar el negocio». Y añade: «La empresa mejor, la más exitosa en el mercado, será aquella que no solo genere menos impacto negativo en el planeta, sino que tenga unos valores más éticos, una cadena de producción justa, sostenible y una huella social positiva».

De momento, en España, el activismo todavía es un eco algo lejano. Hay poca cultura. Cuando un accionista se presenta en la junta, tiene la sensación de que ya todo está decidido. Su voz es apenas un débil hilo y las posibilidades reales de influir son mínimas. Sin embargo, en los últimos años (sobre todo a raíz de escándalos como el de las preferentes, las subordinadas, las hipotecas con cláusula suelo, etc.) se vive un resurgir de asociaciones de pequeños accionistas que batallan por sus derechos. De una parte, la legislación da más espacio a esta forma de participación en las empresas. La reforma del Código de Gobierno Corporativo confiere mayor protagonismo a la junta general de accionistas y mira a los ojos de las empresas y les demanda una gobernanza mejor. Tampoco hay que silenciar el factor humano. «Las normas de juego han cambiado. Frente a una nueva manera de organización del mundo, llegan nuevos clientes y nuevos retos de negocio y, sin duda, se necesitan nuevos empleados. Muchísimas de las tareas de repetición, de atención al cliente, de fabricación… las van a llevar a cabo los robots. Pero sabemos también que no serán ellos quienes enseñen a las compañías a ser más sostenibles y a hacer negocios más responsables», observa Ana Sáenz de Miera.

Esa responsabilidad se extiende. Gestoras tan potentes como Pictet no se consideran un inversor activista. Dicho de otra forma: no invierten en empresas para cambiarlas. «Pero sí entendemos como propia la responsabilidad de cuestionar la gestión de la compañía para asegurarnos de que se aplica la estrategia, que los resultados están en línea con las expectativas y que se proporciona valor a los accionistas», reflexiona un portavoz de la firma de inversión. «Una vez que hemos invertido, podemos tomar medidas si consideramos que la empresa muestra un bajo rendimiento, no cumple las normas o dudamos de su estrategia». El andamiaje que sostiene la inversión tiene una carpintería «sencilla». Se habla con la dirección y, si el barco no varía de rumbo, la gestora puede, incluso, abandonar la compañía. Los números muestran que es algo a tener muy en cuenta. Durante 2016, sobre un total de 36.114 votaciones, se mostraron en contra en 3.378. ¿Las dos razones principales? Los nombramientos (41%) y la remuneración (21%).

La nueva directiva europea pretende corregir la asunción excesiva de riesgos a corto plazo por parte de los gestores y contribuir a la sostenibilidad de las sociedades.

Poco a poco, los muros que hacían que España fuese un territorio hosco para el activismo empresarial van cayendo. Nuestro país ha tenido históricamente una estructura accionarial con propietarios mayoritarios que controlaban el consejo. Este bloqueo empieza a encontrar fisuras por donde se filtra la luz. Primero, a través de la legislación. «La nueva directiva de derechos de los accionistas, que deberá transponerse en los próximos meses, representa un fuerte impulso al activismo accionarial», analiza Jaime Silos, presidente de Spainsif y profesor de inversión responsable en la Escuela de Organización Industrial (EOI). «Figuras como el voto preceptivo a las políticas e informes de remuneración, la obligatoriedad de hacer pública la política de voto en las juntas de accionistas y la puesta en marcha de varias medidas que facilitan que los inversores participen en ellas de forma más intensa impulsarán el activismo».

Parece que esa tenue luz empieza a alumbrar. Por ahora, se siente más en los grandes jugadores que en los accionistas de a pie. Sin embargo, es el relato de un cambio. Fondos de alto riesgo (como el británico Gobernance for Owners) caracterizados por este tipo de estrategias desembarcaron en España para hacerse oír en Viscofán o Jazztel. Y los pequeños propietarios también se agrupan.

Como el viento golpeando las ramas de un sicomoro, es un sonido que augura una transformación, una tormenta. «Cada vez existe más activismo accionarial», refrenda Inés García-Pintos, encargada de Responsabilidad Social Corporativa e Innovación de Cecabank. «Los inversores y, sobre todo, las organizaciones sociales utilizan el poder que les confieren los derechos políticos como accionistas para dar voz a determinadas causas o preguntar por prácticas que cada vez encuentran menos aceptación».

«El activismo financiero ha incorporado a la agenda temas que hasta ahora no ocupaban un lugar destacado»

Hace varias décadas que lo escribió Juan Ramón Jiménez: «Pasan vientos como pájaros, pájaros igual que flores». El mundo cambió y también su sentido de responsabilidad y de pertenencia a él. «El activismo está incorporando a la agenda temas que hasta ahora no tenían un lugar destacado en ella, relacionados con aspectos sociales y ambientales. La obligación de tener que rendir cuentas acerca de los resultados de las políticas en la siguiente junta de accionistas ha convertido el activismo accionarial en tendencia» exclama García-Pintos.

Pocas dudas persisten. España vive un nuevo modelo de gestión empresarial. Los códigos de buen gobierno identifican al consejo de administración como el responsable final de manejar, entre otros, los riesgos y oportunidades sociales y medioambientales. Además, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es firme en su reflexión. «La responsabilidad corporativa es una facultad indelegable de los consejos de administración». Las empresas están obligadas a responder más. Ese mandato lo revela una cuenta sencilla.

En el planeta, existen unas 43.000 firmas que cotizan en bolsa. Las juntas de accionistas, en su orden del día, suelen incluir, de media, unos diez puntos. O sea, al año deben votarse 430.000 propuestas. Existe mucho espacio para el relato del activismo. Una gramática que se refleja en los productos que comercializa, por ejemplo, la banca ética. Instrumentos de una nueva filosofía. «A través del diálogo activo, se busca ejercer la mayor influencia posible en el comportamiento de las empresas donde invierten los fondos de inversión socialmente responsable (ISR) que comercializamos», describen en Triodos Bank, un referente en el paisaje de la inversión financiera sostenible.

«Se espera que para 2020 el mercado de los bonos verdes supere los 60 billones de euros»

Se ha avanzado mucho, pero sería escribir una novela a la que le faltasen bastantes capítulos. Es preciso pensar que, en España, ese inversor particular o ese grupo de accionistas que se reúnen para un fin concreto tienen actualmente una elevada potencia de cambio. «En una junta general, el 99% de los votos ya vienen dirigidos a favor del consejo de administración», advierte Salvador Montgoi, director del Programa Directivo en Gobierno Corporativo del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), quien recuerda algo que a veces se olvida: «Una junta no es ni el parlamento ni el
ágora griega. La verdadera forma de protestar que tiene el pequeño accionista no es levantar la mano y quejarse en una intervención de cinco minutos, sino irse de la compañía si está disconforme».

Pero la junta de accionistas tampoco es un caminar sobre una alfombra roja. El activismo se abre paso bajo diferentes rostros. Los denominados proxy advisors, que orientan a los accionistas en materia de gobierno corporativo, pueden dar al traste con las decisiones de los consejos de administración. Son asesores que recomiendan a entidades que comercializan fondos de pensiones, aseguradoras o entidades de crédito, entre otras, qué deben votar en una junta. La razón es sencilla. Los grandes inversores institucionales tienen tal cantidad de participaciones que resulta muy difícil tener formada una opinión profunda y precisa de cada una de ellas. Por eso, delegan esa responsabilidad. «Lo interesante es que escapan al control de los consejos de administración y pueden malbaratar sus propuestas», relata Salvador Montgoi. Pese a todo, conviven con sus propios fantasmas. El sector está concentrado en pocas manos. Dos firmas –Institutional Sharholder Services (ISS) y Glass Lewis– manejan el 80% del negocio. Y luchan contra sus limitaciones. Dado el gran número de empresas a las que asesoran, muchas veces los proxy advisors no tienen la capacidad de conocer al detalle todas las iniciativas que una organización debe votar en la junta. Pese a su tecnológico nombre, no son infalibles. Da igual. Son la muestra de un cambio. De un accionista que por fin pide la voz y la palabra.