Social

Los olvidados por la transición ecológica

Los olvidados por la transición ecológica

La lucha climática debe ser una prioridad, pero no a cualquier precio. La Declaración de Silesia, firmada por más de 50 países en la COP24, lo puso de manifiesto: la transición ecológica es inexcusable, pero no puede dejar a nadie atrás.

El cambio climático ha conseguido, al cabo de casi tres décadas, imponerse como una realidad prácticamente incuestionable –salvo histriónicas excepciones–, pero afronta el reto de superar, sobre todo, en el ámbito de la comunicación, los axiomas, las frases hechas y los eslóganes. Asumido ya que el cambio climático es el desafío más importante que afronta la humanidad en el siglo XXI, se imponen ahora otros tópicos, como el de ambición climática o la transformación económica y social sin precedentes y, por encima de todos, aflora y se implanta el concepto de “transición justa“. Y los medios de comunicación se alían –nos aliamos todos– irremediablemente con esa nueva máxima: la transición hacia una economía completamente descarbonizada será justa o no será, será inclusiva o no será, será pacífica o no será.

Pero nada va a frenar esa transformación; y nada debe, ni siquiera los conceptos de “justicia social” o “transición justa”, utilizarse como una excusa para limitar la ambición climática que los países deben asumir para combatir de una forma eficaz el calentamiento global. Nada es casual en el escenario internacional, y tampoco que la última reunión de la Conferencia de Cambio Climático de la ONU (COP24) fuera en Katowice (Polonia). Porque, asumido ya durante los últimos años que la lucha contra el cambio climático debe poner en primera línea a los países más vulnerables frente a este fenómeno global –y por lo general más faltos de recursos para afrontar la adaptación a los enormes cambios que van a experimentar–, el Acuerdo de París (2015) sentencia que la necesaria descarbonización tendrá importantes repercusiones sociales y laborales en muchos países del primer mundo, en muchas comarcas donde la economía se ha basado tradicionalmente en la explotación de combustibles fósiles.

paneles solares

Katowice es el epicentro de una región eminentemente minera en un país, Polonia, donde el 80% de la electricidad depende del carbón; una ciudad que ilustra, como pocas en el mundo, la importancia de que la necesaria transición hacia una economía complemente descarbonizada sea justa e inclusiva para que la reconversión no deje a su paso miles de parados y comarcas completamente deprimidas. No es casual tampoco que la cumbre alumbrara la Declaración de Silesia, y que cincuenta países suscribieran un texto inequívoco y contundente a favor de esa transición «justa y solidaria», esto es, que debe llevarse a cabo pensando siempre en todas las capas de la sociedad y asegurar los derechos y empleos de todos los trabajadores.

Cobra así especial trascendencia la idea –que se va a imponer en todos los procesos de transición hacia economías más limpias– de que nadie se quede atrás. Pero algunos de los acontecimientos o movimientos que se han sucedido durante los últimos meses (como el de los chalecos amarillos en Francia) han derivado en graves conflictos sociales y ponen de relieve que ese tránsito no va a ser fácil. Y, en España, los responsables políticos que más se han comprometido con la descarbonización de la economía ya han sentido y comprobado el rechazo social que generan en muchas comarcas algunas de las medidas anunciadas.

Así, la pregunta de a quién deja atrás la transición ecológica tiene una respuesta fácil: no debería dejar a nadie. Es también la respuesta recurrente y pronta de cualquier político al que se pregunte por ello, consciente siempre de que los costes de la transición energética no deben recaer sobre un grupo de ciudadanos. La Estrategia de Transición Justa impulsada desde el Gobierno de España e incluida en el Marco Estratégico de Energía y Clima, va en esta dirección.

Resulta obvio identificar cuáles son los sectores más vulnerables en esa transición (comarcas mineras o industria del automóvil), así como apuntar que las soluciones para paliar esos efectos tienen que ser globales, regionales y locales, y que llegarán además de la mano de las últimas tecnologías, de la economía circular y de la implementación de una nueva fiscalidad ambiental que contribuya, de una forma eficaz, a asegurar esa transición justa y evitar una futura conflictividad social como las que ya han aflorado en algunos países.

El movimiento de los ‘chalecos amarillos’ comenzó en Francia como protesta a la subida de los impuestos a los carburantes anunciada por Emmanuel Macron para 2019. Se considera como la primera revuelta en Europa contra la transición ecológica.

Se trata, a su vez, de abrir paso a un desafío trascendental: convertir esa transición en una excelente y única oportunidad económica y de desarrollo. Esta manera de entender las crisis deja múltiples ejemplos a lo largo de la historia. Quizás uno de los más nítidos a la hora de comprenderlo es el caso de Finlandia, que hace medio siglo basaba su economía en la explotación de los recursos forestales y que supo virar hacia una economía fundamentada en la innovación y el talento, poniendo la educación en el epicentro y como prioridad de todas las políticas, de una forma, además, completamente consensuada.

Chalecos amarillos parís

Habló la ciencia

El desafío histórico del cambio climático fue puesto sobre la mesa por los científicos, que han sellado las evidencias de que el calentamiento global no es un futurible y, con ellas, han rubricado cómo de diferentes serán las consecuencias del cambio climático si la temperatura media del planeta aumenta 1, 2 o 3 grados al final de siglo. Las evidencias recogidas en los sucesivos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de la ONU revelan que los efectos del cambio climático serán más devastadores cuanto mayor sea esa subida de las temperaturas y que hará falta un cambio sin precedentes a nivel mundial para limitarlo y atajar las consecuencias más catastróficas, tanto ambientales como humanas, pues el cambio climático impacta con especial crudeza en las personas más vulnerables. El Informe Stern ya sostenía en 2006 que el coste de la mitigación del cambio climático será infinitamente inferior que el de los desequilibrios económicos y sociales que causaría la inacción. La ciencia ya ha hablado…

Habla la sociedad

… Y la sociedad coge el testigo. En un país, Estados Unidos, donde la actual Administración no ha sido precisamente ejemplo de la lucha contra el cambio climático, se han cerrado más explotaciones de carbón durante los últimos años que las que se clausuraron durante la Administración Obama, que sí colocó la lucha contra el cambio climático en todas las agendas y que se convirtió en uno de los principales artífices del histórico Acuerdo de París. Así, mientras muchos países debaten y discuten sobre el futuro de la movilidad y ponen fechas de

movimiento Fridays For Future

caducidad, por ejemplo, a los coches propulsados por combustibles fósiles (gasolina, gasoil o gas), las grandes empresas automovilísticas mundiales ya han anunciado transformaciones y reconversiones para electrificar por completo sus flotas. Ejemplo de que el sector privado y, con él, la tecnología y la innovación, avanzan a un ritmo muy distinto al que sigue la política.

Los datos son incontestables y las emisiones de gases de efecto invernadero del sector transporte, por ejemplo, en Europa, crecen año tras año. Reducir, hasta desterrar, el número de vehículos propulsados por combustibles fósiles emerge como una de las claves para mejorar la calidad del aire en las grandes ciudades. Y las empresas trabajan ya con ese horizonte. Otra clave será, además, asegurar la capacidad tecnológica para recargar una flota de vehículos mayoritariamente eléctricos y que la energía que se va a necesitar para alimentar esa flota se base en fuentes renovables para no volver al origen del problema. Crisis-oportunidad.

A través del movimiento global Fridays For Future (Juventud por el Clima en España), jóvenes de todo el mundo reclaman una mayor acción política contra el calentamiento global. El 15 de marzo de 2019 se convocó una huelga escolar internacional.

Imaginemos por un segundo, no como un escenario de ciencia ficción, ciudades donde todos los coches sean eléctricos o edificios y factorías abastecidos energéticamente sin combustibles fósiles. Serán ciudades donde el ruido disminuirá de una forma considerable, ciudades más saludables porque los niveles de contaminación del aire –los más perjudiciales para la salud pública y los más dañinos para el medioambiente– también se habrán reducido. Son los efectos beneficiosos que la lucha contra el cambio climático va a imponer. Reducir de una forma considerable el número de muertes que causa la mala calidad del aire (casi medio millón de personas cada año en la UE, unas 30.000 en España, según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente) es un desafío económico por el importante ahorro que va a suponer atender el agravamiento de muchas enfermedades derivadas de este fenómeno. Y, por lo tanto, es también una cuestión de justicia social.

Nada como los ejemplos para comprender la trascendencia de los cambios. El tabaco. Hoy nos acordamos del debate que se desató cuando se puso fin al cigarro en los lugares públicos, de los informes que proliferaron sobre los efectos que una medida de esta trascendencia tendría sobre el mercado laboral. ¿Quién se plantea hoy la posibilidad de fumar en la sala de espera de un hospital, en un centro educativo o en una empresa? Los nuevos hábitos han contribuido incluso a transformar la fisonomía de muchas ciudades.

fábrica

Son muchos los retos y los desafíos que todavía tiene que afrontar la tecnología. Entre ellos, quizá el más importante es el de desarrollar un mecanismo capaz de capturar el carbono de una forma artificial y complementar, así, la función natural que desempeñan los océanos y los bosques.

¿Hablará la política?

Falta escuchar una voz: la de la política. A nivel internacional ya lo ha hecho, impulsando los acuerdos que han sentado las bases y trazando la senda que se debe seguir para combatir el cambio climático (primero Kioto, luego París). Estos acuerdos, asumidos con más o con menos entusiasmo por los países, fijaron la cantidad de gases de efecto invernadero que es necesario reducir y y el dinero necesario para hacerlo para hacerlo, pero establecieron, además, las prioridades y la importancia de que la transición sea justa y equitativa.

Ambición y justicia climática avanzan así de la mano. Porque muchas de las regiones que menos influyeron en el calentamiento global (pequeños Estados insulares, los países africanos o numerosas comunidades indígenas) son hoy los más vulnerables por ese calentamiento. Y porque muchas de las regiones que más han contribuido durante los últimos siglos al desarrollo económico y social –como las regiones mineras– hoy aparecen como las más amenazadas por esa necesaria transición hacia una economía completamente descarbonizada.

Es el turno de la política, es el momento que los políticos tienen para demostrar que están a la altura de la ciencia y de los avances tecnológicos. Los acuerdos internacionales han sido aprobados y ratificados por los principales países (el portazo de Donald Trump no ha sido secundado ni por la mayoría de los estados y ciudades estadounidenses ni por sus principales empresas) y ahora corresponde a cada país adoptar las medidas, los planes y los proyectos legislativos para conseguir que la lucha contra el cambio climático sea eficaz y que la transición inexcusable hacia una economía baja en carbono sea también justa.

Las dudas son tan razonables como lógicas, más aún en un país tan profundamente ideologizado como es España, donde cualquier conflicto es inmediatamente asociado a una corriente política, aunque se trate de un problema tan trascendental y universal como el cambio climático. Es inaplazable concitar consensos en este asunto. Pensar que va a existir un horizonte político común y compartido a medio y largo plazo para combatir el calentamiento global no debe presentarse como una quimera. La transición ecológica justa, equitativa e inclusiva es obligada. Y posible.